COMUNICADO DE PRENSA - FRAD SANTA FE

FEDERACION REGIONAL DE AUTOMOVILISMO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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FRAD SANTA FE C/ FAPCDMS SANTA FE S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
21-01990541-9

Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 2da. Nom.

RESOLUCIÓN N° 698 FOLIO N° 315 SANTA FE, 2/11/2017
AUTOS Y VISTOS:
Estos caratulados: “FRAD SANTA FE C/ FAPCDMS SANTA FE S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” CUIJ N° 21-01990541-9, en trámite por
ante este Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación, de los que;
RESULTA:
Que a fs. 27/35 por apoderado comparece la FEDERACIÓN REGIONAL  DE  AUTOMOVILISMO  DEPORTIVO  DE  LA  PROVINCIA DE
SANTA FE (en adelante "la FRAD" o "FRAD") y promueve medida autosatisfactiva, contra la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y CLUBES    DEL    DEPORTE    MOTOR    SANTAFESINO    (en    adelante    "la
FAPCDMS"), tendiente a lograr un pronunciamiento que haga cesar en forma inmediata al destinatario de la misma, en su conducta o vías de hecho producidas e inminentes y contrarias a derecho, por las cuales pretende lograr la prohibición de las competencias deportivas automovilísticas de distintas categorías que organiza y fiscaliza mi mandante, comunicando a los Intendentes y Presidentes Comunales la sentencia que se dicte, la que tramitará con una breve sustanciación si así lo considera este Magistrado, o inaudita parte y con citación fiscal si correspondiere, con más las costas que esta acción devengue.
Indica que la atención del derecho postulado por la actora no admite dilación, y así, el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios, siendo necesario hacer cesar las vías de hecho y/o conductas que implican la producción de un daño inminente y de difícil o imposible reparación ulterior en razón de la competencia a desarrollarse los días 4 y 5 de noviembre en San Jerónimo Norte.
Que la intención es no deducir demanda principal. Que en relación a esta cuestión, y de ser necesario, dice que se emitirá una declaración categórica al respecto, supeditada claro, al acogimiento favorable de la presente medida por el Órgano Jurisdiccional.
Agrega que existe más que una fuerte probabilidad y un grado de convicción suficiente en el derecho que postula, citando jurisprudencia en apoyo a su postura. Que la medida que solicita, se circunscribe únicamente a la atención del derecho de la accionante que surge de la ley y de su estatuto, no extendiéndose a la declaración de otros derechos afines. Cita doctrina y manifiesta que de continuar el recipiendario de la medida con su conducta, se vería afectado gravemente el derecho de FRAD porque, se produciría un daño de dificil o imposible reparación ulterior.
Que la situación está perfectamente prevista y encuadrada legalmente. Así, la ley nacional 20.665/74, denominada de Fomento y Desarrollo del Deporte permite expresamente el desarrollo de la actividad de la FRAD, así como la ley provincial 10.554, que no establece impedimento alguno, ni podría hacerlo. Que siendo la autosatisfactiva la vía idónea atento a la irreparabilidad del perjuicio que podría derivar de la actitud asumida por el accionado, perjuicio que se vería agravado por la tramitación de otras vías procesales que dilaten en el tiempo, o impidan, o restrinjan de algún modo el inmediato acogimiento de sus legítimos derechos.
Adita que, están en juego, ni más ni menos que derechos de raigambre constitucional, lo que requiere una urgente y efectiva tutela jurisdiccional. Que la presente vía resulta acorde y surge del Derecho a la Jurisdicción y de Peticionar, principios consagrado por los artículos 14 de la Constitución Nacional y artículos 6 y 7 de la Constitución Provincial, traducidos en la posibilidad de toda persona de acudir al órgano judicial para la obtención de un pronunciamiento rápido y expeditivo (también arts. 42 y 43 de la C.N.). Derivado del anterior, también encuentra fundamento en el Acceso a la Justicia, entendido como la posibilidad de toda persona de obtener del Estado, a través del Poder Judicial, se garantice el ejercicio de sus derechos. También se desprende del Pacto de San José de Costa Rica, arto 8. inc. 1°, y artículo 25; y también de los arts. 14, 18 y43 de la Constitución Nacional, que en ausencia de otra vía idónea, le permitan obtener del órgano jurisdiccional un pronunciamiento útil, eficaz y oportuno. Señala que actualmente se afirma, sin dubitaciones, que la tutela de urgencia no se agota con las medidas precautorias porque también lo "urgente" está presente -autónomamente - en ciertas pretensiones que recaen derechamente como en este caso bajo examen, sobre aspectos sustanciales.


Que en cuanto a la procedencia de este tipo de medidas, se ha dicho que se encuentran supeditadas a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o, en su caso, de sumaria comprobación; y además, la superposición o coincidencia entre  el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquella tome generalmente abstracta la cuestión a resolver. Cita el principio de "Justicia pronta", como derivación del principio preambular de "afianzar la Justicia" y dice que también se encuentra sustento en el principio de "Economía Procesal", en lo atinente a la simplificación de las formas del debate.
Funda la medida que solicita de acuerdo a lo previsto por los arts.
1708 a 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Relata que que FRAD es una asociación sin fines de lucro, que tiene más de cincuenta (50) años de antigüedad, organizando y fiscalizando competencias deportivas automovilísticas de distintas categorías, como Rally Santafesino, Karting, Midget, Categoría Los Troncos, y otras más. Que tiene personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, y tiene el certificado de subsistencia recientemente obtenido. Que su actividad claro, es conforme a su estatuto, del cual se desprende: "Tiene por objeto fomentar, promover, organizar y fiscalizar pruebas automovilística y/o del deporte motor de carácter deportivo y propender al perfeccionamiento técnico de automóviles deportivos".
Señala que la actora no está adherida a la Comisión Deportiva Automovilística (en adelante "CDA") del Automóvil Club Argentino (en adelante "ACA"), ni a la accionada, lo que no implica ningún obstáculo para el desarrollo de su actividad.
Que desde hace un tiempo, la FAPCDMS, intentando sacar rédito de esa situación, que en nada impide, el desarrollo de la actividad de la FRAD, viene llevando adelante determinadas prácticas, conductas o vías de hecho y de distinto tenor, sin derecho alguno, tendientes a prohibir las competencias que organiza la actora. Cita como ejemplo el envío de notas a Presidentes Comunales catalogando de "prohibidas" para la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la CDA y la FAPCDMS las competencias que organiza la FRAD, infundiendo temor ante el desconocimiento, en muchos casos, de la verdadera situación o estado de cosas, a quienes precisamente deben autorizar el evento. Brinda como otro ejemplo la nota dirigida al Presidente Comunal de Humberto Primo en el mes de Agosto de 2017, mediante la cual se intentó, sin éxito, la suspensión y prohibición de una competencia a desarrollarse en esa localidad, fiscalizada por la FRAD.
Que en razón de la competencia programada para los días 4 y 5 de noviembre de 2017 en San Jerónimo Norte y la urgencia del caso, solicita se haga lugar a la medida.
Señala que no existe prohibición legal alguna a la actividad que desarrolla la actora. Que en primer lugar, quienes catalogan de "prohibidas", o "ilegales" las competiciones que organiza y fiscaliza la FRAD, según se desprende la nota dirigida al Presidente Comunal de Humberto Primo, son la FIA, la CDA y la FAPCDMS y ese insostenible argumento es utilizado por la accionada para llevar adelante todo tipo de conductas, sin sustento legal alguno, tendientes a lograr la suspensión de eventos deportivos y en definitiva, la prohibición de la actividad que desarrolla FRAD. Sigue diciendo que no le asiste razón alguna, y dicha conducta, debe cesar. Agrega a modo de ejemplo que la ACTC, Asociación de Corredores de Turismo de Carretera, no está afiliada a la CDA del ACA, como tampoco el Top Race V6, y sin embargo, las carreras de TC y TOP RACE, no son carreras prohibidas ni ilegales.
Que la CDA del ACA pretende, por cuestiones económicas, monopolizar el automovilismo en la Argentina, así como la FAPCDMS en la Provincia de Santa Fe, pero de hecho no lo hacen ni podrían tener éxito en sus intentos.
Que una competencia puede ser "Prohibida", para la FIA (Federación Internacional del Automóvil), para la CDA o para la FAPCDMS, pero no para la ley argentina, puesto que lo legal o ilegal o lo prohibido sólo surge de la ley. Que el reglamento de la FIA, que toma la CDA, para catalogar de "prohibida" o "ilegal" una competencia, no es ley para la República Argentina, como tampoco el Reglamento de la CDA, y al no existir ley alguna sancionada por el Congreso de la Nación que haya incorporado al Reglamento de la FIA y sancione a su vez, el reglamento de la CDA como ley, no existe prohibición alguna. Que al no ser poderes delegados del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, debería dictarse una ley en la Provincia que a su vez adhiera a la ley nacional e materia de seguridad deportiva, pero lo cierto es que no existe, una norma nacional del Congreso que disponga como "prohibida" o "ilegal" ninguna competencia que organiza y fiscaliza la FRAD, y menos aún se ha sancionado una ley en la Provincia de Santa Fe.
Que sostener lo contrario, es violar lo consagrado en la Constitución Nacional en el arto 19, el llamado "principio de legalidad". En la ley Provincial del Deporte 10.554, tampoco existe ninguna prohibición en cuanto a la actividad que desarrolla la FRAD Santa Fe, ni se exige ninguna afiliación a otra Federación para desarrollar actividad alguna sino sólo para gozar de beneficios económicos y exenciones impositivas.
Sigue diciendo que tampoco existe, para el derecho argentino, el concepto de "poder deportivo", al que aluden los reglamentos de la FIA y la CDA. Menos aún debe perderse de vista que la ley 10.554, es de adhesión a una ley nacional que precisamente fomenta el Deporte, y si existiera alguna disposición que se le oponga, sería tildada de inconstitucional y ya lo habría solicitado judicialmente.
Reitera que la FRAD Santa Fe es una asociación que tiene 50 años de existencia, tiene personería, ha obtenido el certificado de subsistencia en la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, y su objeto permite precisamente la organización y fiscalización de competencias automovilísticas, no existiendo prohibición legal alguna para el desarrollo de la actividad de la actora.
Señala que este Juzgado es competente en razón de que, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2017, se desarrollará en la localidad de San Jerónimo Norte, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, una competencia de la Categoría "Los Troncos", que organiza y fiscaliza FRAD, debiendo contar con autorización Comunal. Que la competencia está directamente relacionada con lo dispuesto por el art. 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, y la acción preventiva tendiente a evitar que una acción antijurídica produzca un daño, que en el caso es inminente. Agrega que cree que debería haber una adaptación del Código de Procedimientos de la Provincia, sin perjuicio que el art. 4 del citado Código, surge que "el lugar del hecho", o "el lugar en el que deben cumplirse las obligaciones que se demandan", corresponde a San Jerónimo Norte, y por ende, debe entender la Justicia Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe.
Que tampoco debe perderse de vista que la citada norma, como sostiene la mayoría de la Doctrina, establece cierto margen de libertad al actor para presentar la demanda, entre distintas pautas de demandabilidad. Además de ello, al
tratarse de un proceso urgente, donde no debe estar ausente el concepto o principio de "Justicia Oportuna". Cita jurisprudencia. Indica que corresponde intervenir a la  Justicia de la Ciudad de Santa Fe, aún si se tratare de un proceso ordinario, en el cual, por imperio de lo dispuesto por el Nuevo Código Civil y Comercial (art. 1711), se dictará un pronunciamiento que disponga una obligación de no hacer. Ofrece pruebas. Solicita medida cautelar de no innovar, citando jurisprudencia, a los efectos de que se mantenga el "status quo" existente, es decir, mantener inalterable la situación  de hecho y de derecho existente a la fecha de promoción de la medida. Agrega que los derechos que se pretenden proteger están referidos a la posibilidad de organizar y fiscalizar eventos deportivos dentro de su actividad, la emisión de licencias deportivas, y demás inherentes que hacen a la actividad propia de la institución. Asimismo, al obtener el dictado de la medida solicita que la entidad cautelada se abstenga de ejecutar actos que imposibiliten, menoscaben o de algún modo impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos aludidos por parte de FRAD. La medida deberá ser notificada a la accionada, y a los Municipios y Comunas involucrados.
Bajo el título verosimilitud del derecho invocado cita jurisprudencia. Dice que es necesario que se configure la probabilidad que el derecho exista, y no una acabada realidad, que sólo logrará dilucidarse en la sentencia. Que no existe ley ni resolución que deniegue el ejercicio de los derechos que reclama FRAD, y sin embargo se intenta menoscabar o impedir por vías de hecho, y así, existe probabilidad y un alto grado de certeza referido a la existencia de los derechos que se invocan, y resulta indudable que tiene el derecho constitucional. En relación al peligro en la demora que podría conllevar la configuración de un gravamen irreparable, si bien no es exigible hoy para el dictado de una cautelar como la que solicita, que es de conocimiento, las competencias deportivas automovilísticas y sus calendarios se organizan con mucha antelación, mueven grandes estructuras, llámese equipos, pilotos, mecánicos, preparadores avocados con exclusividad a esta actividad, aportes de publicidad, contratación de hoteles, premios, realización de torneos que se encuentran en pleno desarrollo, etc., todo lo cual requiere la erogación de sumas de dinero y repercute sin dudas, directamente sobre las fuentes de trabajo de las familias involucradas. Que podrá advertirse entonces el peligro que podría representar si se postergare o no se hiciere lugar a la medida con la mayor celeridad posible, lo que tornaría la sentencia a dictarse de imposible cumplimiento, si se permitiere a la cautelada la alteración del "status" quo existente, mediante la realización de actos sin derecho alguno, que restringen, menoscaban o imposibilitan el ejercicio de los derechos que legítimamente asisten a FRAD. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Que en definitiva, el no acogimiento de esta cautela generaría consecuencias indudablemente graves para esta parte y atentatorias de la seguridad jurídica, cuya protección se solicita a través del otorgamiento de la misma. Ofrece contracautela.
Hace reserva de recurrir oportunamente por ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe por medio del Recurso de Inconstitucionalidad (ley pcial. 7055), y/o por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio del Recurso Extraordinario (art. 14 ley 48). Solicita haga lugar a la demanda que haga cesar en forma inmediata al destinatario de la misma, en su conducta o vías de hecho producidas e inminentes y contrarias a derecho, por las cuales pretende prohibir, suspender u obstaculizar la organización y fiscalización de competencias deportivas automovilísticas que organiza y fiscaliza FRAD con costas.
A fs. 32 el apoderado de la actora recusa sin causa a la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1 en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación por lo que se remiten los autos a este Juzgado.
Corrido el traslado a fs.61/63vta. comparece la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y CLUBES DEL DEPORTE MOTOR
SANTAFESINO (en adelante FAPCDMS) y dice que no es cierto que la FAPCDMS tenga conductas o vías de hecho contrarias a derecho, intentando lograr la prohibición de las competencias deportivas automovilísticas de distintas categorías que organiza y fiscaliza la FRAD, sino todo lo contrario. Que no es cierto que esta sea la vía idónea para el tratamiento de la cuestión la que se encuentra debidamente normada, configurando la presente un liso y llano intento de continuar con competencias no avaladas por el organismo rector de las competencias no solo a nivel provincial sino nacional.
Manifiesta que no es cierto que exista fuerte probabilidad y grado de convicción suficiente en el derecho para la actora, ni en virtud de legislación alguna ni en base a la prueba que ofrece la actora la que a todas luces es tendenciosa, parcial, intentando confundir a este Magistrado ya que se ofrece prueba errónea y escasa, intentando confundir para así lograr su cometido.
Que es lógico que a la actora no le convenía que se corriera traslado a FAPCDMS en tanto, con ello se pondría en cabal conocimiento de la normativa vigente que por supuesto es contraria a las intenciones de la actora. Sigue negando
que se cause daño alguno a la actora, que no es cierto que haya situación alguna prevista en la legislación Ley Nacional 20665/74 como en la Ley 10554, por lo menos en lo que al pedido o interés de la actora respecta; que no es cierto que este sea vía idónea alguna, de un tema que ya se encuentra legalmente determinado, y finalizado y niega que estén en juego derechos de raigambre constitucional, y menos que requiera una urgente y efectiva tutela judicial, como pretende FRAD.
Indica que es cierto que no quiera producir demanda principal en tanto sabe que la misma no puede prosperar. Que es un vano intento de lograr una autorización para realizar competencias que no cuentan con la autorización ni de la FAPCDMS ni por ende de la CDA y/o ACA.
Dice que es cierto que es una asociación que fiscaliza competencias, pero hoy en día ya son muy pocas, ya que perdió el poder deportivo, motivo por el cual desde hace tiempo intenta con medidas "sui generis" obtener la aprobación para seguir fiscalizando competencias cuando no se encuentra autorizada por el ACA para ello.
Desconoce que la accionada tenga personería jurídica subsistente, el que de tenerlo debe ser muy reciente.
Reconoce como cierto que la actora no se encuentra adherida a la CDA, que no implique obstáculo alguno para el desarrollo de su actividad, la que puede continuar haciéndola, pero por fuera de la única autoridad y organismo rector del automovilismo en la provincia y a su vez de la argentina. Que continuaría haciendo lo que en la jerga automovilística se denomina carreras "cuadreras".
Niega que la demandada intente sacar rédito de esta situación, ni que realice prácticas tendientes a prohibir las competencias fiscalizadas por la actora. Que la accionada siempre ha actuado conforme la normativa vigente, la que sigue al pie de la letra, entre ellas la obligación de comunicar a todos los municipios y comunas quien es hoy en día la autoridad de aplicación en base a la normativa vigente y cuáles son las carreras autorizadas y fiscalizadas por la misma.
Que no es cierto en el audaz ejemplo que menciona, el significado que se intenta atribuirle a la palabra "prohibida" que obra en RDA. Que la FRAD puede organizar y fiscalizar las competencias que estime, pero nunca estarán bajo la órbita de la única autoridad de aplicación que es la FAPCDMS, CDA Y ACA.
Que idéntica respuesta merece el ejemplo de la nota al Presidente comunal de Humberto Primo, y así como en todas las comunas y municipios a los cuales se le comunique la situación normativa vigente de hoy en día. Que no existe acción antijurídica alguna de parte de FAPCDMS, sino solo el descontento de la parte actora a consecuencia que hoy no cuenta con el poder deportivo de la CDA ni con el aval de la FAPCDMS, poder que la propia FRAD perdiera hace poco tiempo justamente.
Agrega que la medida solicitada por la actora, medida de no innovar, si bien poco clara, no debe otorgarse en modo alguno, en tanto solicita la protección de un derecho que ya lo tiene, que nunca se discutió y que nunca se puso en peligro. Que el hecho de solicitar a V.S. que a través de una medida cautelar de no innovar la accionada no cumpla con la normativa legal, conllevaría a una severa violación a derechos constitucionales, generando así un conflicto que hoy no existe.
Que son últimos y exhaustos intentos de la actora, quien perdiera el poder otorgado por la CDA para fiscalizar competencias para no perder las pocas competencias que dice fiscalizar hoy en día. Y no es por la FAPCDMS que las pierde, sino porque las categorías del automovilismo, se alinean solas para con su única autoridad de aplicación que es el ACA, a través de su comisión CDA, quien a su vez otorgó el poder deportivo en la provincia de Santa fe a la FAPCDMS. Idéntica solución existe en el Fútbol en la que todos los equipos se afilian o alinean a la AFA y esta a su vez internacionalmente a la FIFA.
Luego procede a relatar su verdad de los hechos indicando que el organismo máximo de contralor y aplicación de las normativas automovilísticas a nivel internacional es la F.I.A. (Federación Internacional de Automovilismo). Que esta federación es quien confiere poder al A.C.A. (Automóvil Club Argentino) a los fines de regir el automovilismo en Argentina.
A su vez el A.C.A. quien tiene muchas funciones además de las competencias automovilísticas, creó la CDA -Comisión Deportiva de Automovilismo- quien se encarga sintéticamente de las competencias automotor en el país. Que es esta comisión quien extiende el poder a las Federaciones regionales para que fiscalicen y organicen competencias en las provincias.
Que la FRAD hasta hace algunos años tenía este poder, pero lo perdió para pasar a manos de la FAPCDMS, hoy demandada. Que este es el primer y real motivo o causa de la acción que intenta la actora. Que todas las competencias
-en primer lugar- que se organicen por fuera de esta estructura oficial, no esta autorizadas y por ende regidas por la CDA y/o ACA y/o FIA - lo cual no significan que no puedan organizarlas, y de hecho nadie se las impidió, solo que quedan fuera del a autoridad única y máxima que rige la actividad-. Que asimismo y a través de la Ley 10554, adhesión a la ley nacional de fomento y desarrollo del deporte (ley nº 20655/74), en su art 8 la FAPCDMS es considerada institución de tercer grado, que en cambio se confirmó que la FRAD no es siguiera una entidad de segundo grado. ("...b) de tercer grado. Las federaciones de cada disciplina, con base provincial... "). Que solo es reconocida una entidad por disciplina deportiva en el orden provincial (tercer grado), y ella es la FAPCDMS. Que la FRAD ni siquiera está reconocida como entidad de segundo grado.
Que el ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa FE Secretaria de Desarrollo Deportivo, por disposición 000209 de fecha 2/10/2013 ha reconocido a favor de la FAPCDMS la respectiva personería deportiva como entidad de tercer grado todo dentro de los alcances de los artículos 8 y 30 de la ley 10554. Que es a consecuencia de la misma que es la única entidad por ley que ostenta tal carácter, y como tal la misma cuenta entre sus facultades las de avalar cualquier otra entidad que intente organizar o fiscalizar espectáculos deportivos de automovilismo. Concordantemente el art 4 del Decreto 2511/94 reglamentario de la ley 10554 establece que: "se entenderá por entidades representativas de una disciplina deportiva a las de tercer grado que acrediten jurisdicción provincial y afiliación a un nivel superior (federación argentina similar de ese deporte, reconocida a su vez por la Confederación Argentina de deportes, el comité Olímpico Argentina y al Institución que rija la actividad de que se trate en el orden sudamericano o mundial". La FAPCDMS es la única entidad que cuenta con dichos requisitos y por ende la única avalada y reconocida por el estado para regir el automovilismo en la provincia y colaborar con el estado al cumplimiento de lo dispuesto en la ley 10554. Es por todo ello que las actividades que realiza la accionada, son en cumplimiento estricto de lo mencionado, siempre en el marco de la normativa mencionada tanto provincial como del marco deportivo de la CDA- ACA. Las comunicaciones a las comunas y/o municipios, asesorando a los mismos, se realizaron a través del Estado, en estricto cumplimiento de la personería o poder deportivo reconocido por el estado y en cumplimiento de lo solicitado por nota de la CDA, pero nunca como expresa la actora, con el fin de prohibir las carreras que organice. Que esta función está expresamente prevista en el art 67 de la ley 10554 ..."Toda actividad o programa deportivo que tenga aplicación en el territorio provincial será ejecutado a través de los organismos creados por esta ley".


Sigue diciendo que la Federación cuenta con personería jurídica. Que hoy fiscaliza 61 categorías en la provincia, colaborando con el estado en el control organización e incluso difusión del deporte, todo a consecuencia de lo mencionado. Que tal como acredita con la nota dirigida a la accionada por parte de la CDA,de fecha 14/8/2017, la FAPCDMS dando cumplimiento a la misma, puso en conocimiento de las comunas y/o municipios, incluso en comunas o municipios donde se realicen competencias por fuera de el esquema deportivo oficial, los riegos de las mismas, la posibilidad de falta de estudios médicos en los participantes, el riesgo por ende para la salud y vida de los pilotos y espectadores, todo con el fin de evitar los mencionados riesgos y por supuesto dejando a salvo la responsabilidad tanto del estado como de esta Federación ya que todos son pasibles de reclamos sin siquiera haber fiscalizado o participado en dichas competencias. Que es en estricto cumplimiento a la misma que se notifica a las comunas y/o municipios. No es intención de FAPCDMS prohibir competencia alguna tal como menciona la actora, si no, regularlas a derecho.
Adita que en virtud de lo dispuesto El Dr. Carlos Torres (Secretario de Regiones Municipios y Comunas) se comunicó a todos los intendentes municipales y presidentes comunales; mediante circular general de fecha 18/10/2017, toda la información respectiva a la actividad, con los requisitos con los que se debe contar para la realización de las mismas. Que esta es la circular general que se envió, suscripta por el mencionado a las comunas, nunca se ha prohibido ningún tipo de competencia. Que según se observa en nota suscripta por la Directora Gral. De Deportes de la Sec. de Des. del Ministerio de Des. Social no se registra entidad deportiva alguna de segundo grado relacionada al automovilismo. Que esta información se solicitó en tanto la demandada ha tomado conocimiento de que la actora se estaría presentando como entidad de segundo grado para solicitar a las comunas o municipios la realización de las competencias. Que si en el hipotético caso así fuere, la FRAD necesitaría el aval de la accionada en tanto la misma esta reconocida por el estado como entidad de tercer grado por ende única autoridad deportiva automovilística en la provincia de santa Fe. Indica que debe rechazarse la medida solicitada por la FRAD, por improcedente.
Señala que la actora contaba con el poder que hoy ostenta la FAPCDMS. Es decir tenía todo y hoy no lo tiene más. Que en la actualidad la FAPCDMS cuenta con el poder deportivo así como con todas las autorizaciones estatales, resoluciones y cuanta otra documentación sea exigible, habiendo sido reconocida y siendo colaboradora del estado en la organización y fiscalización de competencias. Solicita en su oportunidad se rechace la medida incoada con costas.
A fs. 67 obra informe de mesa de entradas respecto a la inexistencia de escritos sueltos. Estando los autos en estado de dictar resolución. Y;

CONSIDERANDO:
Que atento a las facultades que me imprime el art. 693 del CPCC, el “iura novit curia” y variada doctrina he de reconducir el presente trámite y disponer la transformación de la presente causa a una “mere declarativa”. Ya el Dr. Jorge Peyrano habla que la verdadera “reconducción es aquélla en la cual el órgano jurisdiccional cumple una tarea docente que también le incumbe, advirtiendo lo antes posible al postulante acerca de que ha elegido el camino equivocado e indicando, por añadidura, cuál es el rumbo correcto y sin limitarse a la utilización de la tan poco solidaria frase 'ocurra por la vía adecuada' o cosa por el estilo” (véase artículo PEYRANO, Jorge W., “Iura novit curia procesal: la conducción de postulaciones”).
Así expuesta la litis es sabido “Que la medida innovativa es una medida cautelar excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado; medida que se traduce en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad de igual tenor. Adviértase la calidad excepcional de esta medida cautelar. Es que ella, a diferencia de la mayoritaria de las otras, no afecta la libre disponibilidad de bienes por parte de los justiciables (v.g. Embargo prohibición de contratar, inhibición, etc.) ni tampoco impera que se mantenga el status existente al momento de la traba de la litis. Va más lejos ordenando, sin que medie sentencia firme, que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente” (Jorge W. Peyrano “Lecciones de Procedimiento Civil” Segunda Edición. Ed. Zeus SRL, Rosario, 2004 p. 494)
“Para que proceda el despacho de una medida cautelar innovativa se requiere la concurrencia de los tres presupuestos habituales y comunes a cualquier diligencia cautelar (apariencia del derecho invocado, peligro en la demora, y contracautela) y, también la de un cuarto presupuesto que le es característico: la 'irreparabilidad del perjuicio', consistente en que la situación (de hecho o de derecho) que se pretende innovar ocasionaría (de subsistí, un 'daño irreparable' al pretensor, entendido esto último de modo realista y bajo la óptica de considerar que no todas las veces dinero repara adecuadamente” (Peyrano, Jorge W. "Medida cautelar innovativa" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 27).
Ahora bien, en tanto que pesa sobre el solicitante de la medida innovativa la carga de demostrar sumariamente la existencia de los requisitos que la hacen procedente, pesa sobre el magistrado el deber de apreciar con sumo celo y prudencia los presupuestos de admisión máxime en aquellos casos donde la identidad de objeto permite señalar la existencia de anticipación o despacho interino (Comparación de la medida cautelar innovativa y el despacho interino de fondo- Carlos Carbone. . JA.- 2002- III, pág. 1268).
Por todo lo expuesto, atento la urgencia del caso y la medida innovativa solicitada, surge de los términos de la demanda, su posterior contestación y constancias acompañadas, que en principio -y sin que ello implique adelantar opinión respecto a lo que eventualmente podría llegar a ponerse a consideración al resolver la mere declarativa- que se encuentran acreditados los recaudos exigidos, como ser contracautela, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado, el perjuicio irreparable -imprescindible en este tipo de medidas- de no llevarse a cabo la carrera, que efectivamente se ha intentado obstaculizar la realización de la misma a través de la denuncia penal en ocasión de otro evento similar (fs. 50/vta.) y la resolución de fecha 25/10/2017 (fs. 51).
En consecuencia deberá hacerse lugar a la medida peticionada ordenando a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y CLUBES
DEL DEPORTE MOTOR SANTAFESINO abstenerse en su conducta o vías de hecho y contrarias a derecho, de toda acción tendiente a lograr la prohibición de las competencias deportivas automovilísticas de distintas categorías que organiza y fiscaliza  FEDERACIÓN REGIONAL DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE para la carrera a disputarse los días 4 y 5 de Noviembre de 2017.
Así las cosas y atento a que “El despacho de una prohibición de innovar está también sujeto a la prestación de contracautela como acontece respecto de cualquier medida cautelar” (Jorge W. Peyrano“Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial” Zeus editora Rosario, Santa Fe, 1983, p. 84) y que en el presente caso no hay una determinación económica establecida, a los fines del despacho de la medida otorgada deberá la actora prestar caución juratoria hasta tanto se resuelva en definitiva la mere declarativa.






Respecto a las costas difiero su imposición al momento del dictado de sentencia definitiva.
Por ello, y lo dispuesto por el articulo 693 y cc. del CPCC;
RESUELVO:
1. Reconducir la presente causa en una “mere declarativa”
2. Hacer lugar a la medida peticionada ordenando a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y CLUBES DEL DEPORTE MOTOR
SANTAFESINO abstenerse en su conducta o vías de hecho y contrarias a derecho, de toda acción tendiente a lograr la prohibición de las competencias deportivas automovilísticas de distintas categorías que organiza y fiscaliza FEDERACIÓN REGIONAL   DE  AUTOMOVILISMO  DEPORTIVO   DE  LA   PROVINCIA DE
SANTA FE para la carrera a disputarse los días 4 y 5 de Noviembre de 2017, debiendo la actora presta caución juratoria.
3. Diferir las costas al momento de dictado de sentencia definitiva. 4.Habilitar los días y horas que fueren menester a los fines notificatorios.
Hágase saber, insértese, y archívese.



DR PABLO CRISTIAN SILVESTRINI DR CARLOS FEDERICO MARCOLIN
Secretario Juez

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